La diputada federal Crisabell Zamora Cabrera, quien representa a los habitantes del Distrito I con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, subió a la palestra de la Cámara de diputados a exigir al gobierno norteamericano que ya no sea tan injusto (rata, es la expresión que mejor describe el proceder de este país), al quedarse con el dinero de los solicitantes de visa para ingresar a los Estados Unidos.
Resulta, como ya lo hemos denunciado en este espacio, que el gobierno norteamericano haciendo honor a sus orígenes, de ser una nación fundada por delincuentes, cobra a los solicitantes de una visa para ingresar a ese país. Pero, en forma deshonesta, sin tener un protocolo que señale cuáles son los documentos o los aspectos que deben satisfacer los solicitantes, y dejando al capricho, que no criterio del funcionario en cada uno de los consulados, la determinación de aprobar o negar la visa correspondiente.
La realidad es que para el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, estas acciones realizadas por los oficiales de dicho departamento, representan una fuente de ingreso adicional al presupuesto que la administración federal les fija anualmente.
Por tal motivo la diputada federal pidió que ya que no pueden fijar con precisión las exigencias para otorgar una visa, por lo menos no se queden con el dinero, por un servicio que no han proporcionado y otorguen a los solicitantes hasta tres oportunidades para que puedan satisfacer las exigencias o caprichos de los oficiales del departamento de inmigración.
Sin duda alguna que la representante popular con su intervención en la más alta tribuna del país, obedece a su compromiso con sus representados. Ojalá que la diputada de chiripa por Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar atendiera la problemática de los que dice representar.
La cuestión no es para menos, Andrés Manuel López Obrador, el orate que se ostenta como “presidente legítimo” de México, amenaza con rendir su informe de gobierno. Y esto nos da una idea del estado de salud mental que tiene.
¿Dirá el monto de la inversión de su gobierno en materia de obra pública? O ¿Señalará las relaciones internaciones y diplomáticas con los diferentes país con quien México mantiene vínculos diplomáticos?
Muy posiblemente señale el estado que guarda la educación durante su mandato. O quizás nos diga los avances que en materia de administración pública ha logrado. En fin, será divertido, que no interesante gozar de las payasadas que contendrá el documento en cuestión. ¡Y todavía hay quienes le asignan una posición de liderazgo!
Para tratar cuestiones de menor cuantía, pero de igual nivel de hilaridad, nos contraemos a las declaraciones de Gonzalo Treviño Alanís, Delegado del Transporte en Matamoros, Tamaulipas, quien haciendo gala de su irresponsabilidad declara que sancionará a los propietarios de unidades de transporte escolar que sean “piratas” es decir que no estén registradas por la oficina que él representa.
¿Y las unidades de transporte público, como autobuses, taxis, y las denominadas “peseras” que circulan por el municipio, sin placas, sin autorización, en fin en franca violación a las disposiciones legales qué?
¿A quién quiere engañar este individuo?
Y como parece que la salida de la canícula originó una serie de declaraciones desafortunadas, tomemos con buen humor la serie de barrabasadas dichas por Arturo Zárate, investigador del Colegio de la Frontera (COLEF) quien superponiendo su fanatismo religioso a su obligación científica de analizar las cuestiones en un plano objetivo, se lanzó al ruedo a declarar que es “impropio que a los gays se les permita adoptar niños”.
El argumento del sapientísimo Arturo, es que si los matrimonios de heterosexuales tienen muchos obstáculos para que puedan adoptar, por qué a los homosexuales se les va a permitir. ¿En dónde aprendería a reflexionar de esa manera? En fin.
En ciudad Victoria, Tamaulipas, se está pidiendo la destitución de Roberto Jesús Fabián Aguiar, como Director General del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación en Tamaulipas (SARTET), y de Oscar Saldierna González, María Luisa Gómez Cabello y Crisóforo López Velasco, quienes fungen como representantes de la Sección 30 del SNTE, porque se afirma han cometido cuantiosos fraudes en perjuicio del magisterio tamaulipeco.
Afirman que actualmente el Sistema cuenta con 39,777 afiliados y administrando fondos por $ 2, 386, 296,777.57 millones (cifras a 31 diciembre de 2009), según el informe dado a conocer en marzo del presente año por el Comité Técnico del SARTET.
En los últimos años en forma deliberada, el Comité Técnico del SARTET, no ha cumplido con los manejos de los recursos con trasparencia y responsabilidad en los informes que da a conocer.
Hay varios millones de pesos (muchos) bailando por los malos manejos de esos pillos que han sido impuestos por el Secretario General de la Sección 30 del SNTE.
En la próxima entrega les daremos mayor información.
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