Por seguridad
Armando Charles
Entre las acciones que el Gobernador puede dirigir a su bien dispuesto Congreso, es de esperar una iniciativa de reformas a la Ley de Alcoholes, para combatir el vicio y reducir la inseguridad.
Tanto los diputados como el Ejecutivo, el Sistema DIF y las demás autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, tienen --en razón de sus funciones--, el compromiso de procurar, hasta donde sea posible, un ambiente propicio para la convivencia social y el desarrollo familiar.
Más en esta etapa, especialmente difícil, en que la población necesita contar con el respaldo absoluto de sus gobernantes para poder vivir en paz.
En ese contexto, la propuesta de reducir razonablemente, de lunes a sábado, los horarios de los negocios de alcoholes y declarar los domingos completamente libres del consumo y venta de alcohol, no atenta contra la libertad de comercio, como algunos piensan (porque, aún así, tendrían 6 días a la semana, y tiempo suficientemente amplio, para realizar sus actividades).
Tampoco afecta el libre albedrío, que es cuestión que atañe a la conciencia de cada uno (porque, se entiende que la ley tiene por objeto prevenir y combatir el vicio, reduciendo sus efectos dañinos). Además, la libertad de unos llega hasta donde principia la libertad de los demás.
En consecuencia, se requiere establecer, en la ley, las modalidades que dicte el interés público --como condición indispensable para un mayor bienestar y seguridad de la población--.
Obviamente, el evitar los riesgos (que representa el funcionamiento de ese tipo de negocios hasta altas horas de la noche, y los domingos), es en interés superior de las familias, de quienes no consumen alcohol (y aún de los que ingieren ese producto nocivo para la salud).
No se necesita ser experto en nada, para entender que la mayor cantidad de accidentes, infracciones y delitos relacionados con el consumo inmoderado de alcohol ocurren a altas horas de la noche, o para concluir que la violencia e inseguridad ahuyentan más al turismo y las inversiones que las adecuaciones a la ley.
Mas, si no ha sido posible concretar medidas legislativas y acciones eficaces en materia de combate al alcoholismo es –quizá—porque, intereses distintos al interés de los tamaulipecos tienen mucha influencia aún en los círculos de poder.
Pero la regulación constitucional federal (artículo 117, último párrafo), y local (artículo 58, fracción XLVII, y 64) es bastante clara: Debe combatirse el alcoholismo con la mayor energía.
Ahora bien, a pesar de saber la autoridad, que el consumo inmoderado de alcohol aumenta los índices delictivos e infracciones a los reglamentos y bandos de policía, e igualmente las enfermedades --físicas y mentales--, las muertes, los daños, las lesiones y accidentes, además de reducir el rendimiento laboral y aumentar los niveles de pobreza, aunado a conflictos intrafamiliares.
La cruda realidad es que, en el mejor de los casos, han preferido crear (como medida recaudatoria) normas jurídicas para sancionar las conductas antisociales, sin establecer verdaderos programas de prevención y combate al vicio. Produciendo así, paradójicamente, un círculo vicioso.
No por nada, los diputados se han negado a tocar los intereses de los consorcios cerveceros.
Pues, si no mal recuerdo, al final de las respectivas Legislaturas, en la época de Tomás Yárrington ampliaron los horarios de funcionamiento de establecimientos de alcohol, y en este sexenio se negaron a reducirlos. Aunque ya en el "nuevo amanecer" abundaba la expedición de permisos y licencias.
Conviene, entonces, que el Ejecutivo pondere su decisión al respecto. Que diga si contribuye, o no, al objetivo central del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad… empezando por lo que está a su alcance.